El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, presentó en la mañanera en Palacio Nacional el informe Cero Impunidad donde exhibió a ocho magistrados y jueces federales que en Veracruz han favorecido a presuntos delincuentes que ante la comisión de delitos graves se oponen a la prisión preventiva como medida cautelar.
Los primeros expuestos fueron los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. Martín Soto Ortiz, Rafael Remes Ojeda y Ricardo Reyes González por dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa contra una persona acusada de pederastia agravada porque según ellos “afectaba su derecho a la libertad”, esto el pasado 21 de julio.
Ellos mismos, decidieron que un acusado por el delito de homicidio calificado no permaneciera tras las rejas a partir del 27 de julio porque consideraron que se le causaría daño a su derecho a la libertad.
En tanto que el pasado 4 de agosto, Luis Rafael Bautista Cruz, juez tercero de Distrito del Séptimo Circuito, determinó dejar insubsistente la prisión preventiva oficiosa impuesta a un presunto homicida “para que el Juez de Control imponga otra u otras medidas cautelares”.
Respecto al juez segundo de Distrito de Proceso Oenales Federales y de Amparo en Materia Penal en el estado, Rafael González Castillo el pasado 18 de mayo ordenó dejar en libertad a un responsable de homicidio doloso calificado, “para que el Juez de Control imponga otra u otras medidas cautelares”.
Mientras que los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Séptimo Circuito, María Elena Leguizamo Ferrer, José Suero Alva y Antonio Soto Martínez, el 29 de junio otorgaron amparo a favor de un presunto homicida y pederasta, dejándolo en libertad porque según ellos se vulneraban sus derechos humanos.
Los mismos magistrados, en audiencia del 30 de marzo, 31 de mayo 15 de junio dieron amparo y revocaron la prisión preventiva oficiosa a un total a cinco acusados de secuestro agravado.
Como lo ha denunciado el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez así como la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, jueces federales sin argumentos están favoreciendo a delincuentes poniendo en riesgo la gobernabilidad del estado.
