El Pleno de la LXVII Legislatura del estado aprobó, con 46 votos, reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre para establecer que los mandos policiales deberán contar obligatoriamente con la acreditación vigente de control y confianza, además de experiencia comprobada en seguridad.
Con ello se garantiza profesionalismo, integridad institucional y mayor confianza ciudadana en la conducción de las Policías Municipales, expone el dictamen, presentado por la Comisión Permanente de Seguridad Pública durante la decimaseptima sesión ordinaria y que resulta del análisis realizado a la iniciativa presentada el pasado 11 de diciembre por el diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada.
De acuerdo con el dictamen, se dotaría a la Comisión Edilicia de Policía y Prevención del Delito de atribuciones para supervisar que la persona encargada de la seguridad pública municipal, cuente con la acreditación de las pruebas de evaluación de control y confianza expedidas por los órganos públicos facultados para su aplicación.
Se incorpora en el Artículo 73 Septies Decies que cada Ayuntamiento contará con una persona encargada de la seguridad pública municipal, quien deberá sujetarse a los principios previstos en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes complementarias.
El mando de seguridad pública municipal tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: preservar, mantener y restablecer la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía; vigilar el debido cumplimiento del Bando de Policía y Gobierno; colaborar, en los términos establecidos por las leyes aplicables, con el Ministerio Público y con las autoridades jurisdiccionales y administrativas de los órdenes federal y estatal, para el ejercicio de sus funciones.
Además, coadyuvar en la prevención de los delitos y demás conductas antisociales y coordinar sus actividades con las demás corporaciones policiales de la Federación y del Estado, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
En el dictamen, la Comisión expone que al exigir acreditación vigente y experiencia verificable, se asegura que las personas designadas para ejercer funciones directivas cuenten con las competencias necesarias para el mando, la conducción institucional y el cumplimiento estricto de los principios constitucionales y legales en materia de seguridad pública.
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