Ricardo Corzo Ramírez
La historia testimonial basada en los recuerdos personales y colectivos, conjuntan evidencias compartidas tangibles e intangibles, que actualmente, es una exigencia para revalorar la participación de las comunidades de los procesos sociales, políticos, culturales e ideológicos; que nos brindan identidad y advierten el presente y futuro de las sociedades.
Gracias a la invitación de la Revista PRAXIS, Cultura, Ciencia y Medio Ambiente. Andrés Aguilar y Portilla y quien suscribe, insistimos ahora, en resaltar la importancia que tienen las memorias social e histórica en este escenario de encrucijadas veracruzanas, de pasiones sociales contradictorias, de incertidumbres y paradojas. En donde la memoria cobija signos y significados positivos y negativos, como lo muestran los registros escritos y orales, que contienen las narrativas vivenciales de todo tipo.
En la mente de los seres vivos, moldeada por la herencia tanto genética, como por la cultura, cohabitan las capacidades de comprensión y de acción para la sobrevivencia social. La memoria, nos es útil en su sentido amplio y diverso, para fortalecer lo que somos y queremos ser. Las diferentes disciplinas humanas y científicas, identifican a la memoria como el espacio de las representaciones, reales e imaginarias. Que se expresan en cualquier forma de narrativa consciente e inconscientemente. Capturan y recuperan los momentos y circunstancias que se funden en los recuerdos, y quedan como referentes de satisfacciones y gozos, de sentimientos encontrados; así como de animadversiones, fobias, pifias y olvidos traumáticos.
En este sentido, y a más de una centuria del proceso revolucionario de 1910, cuando en la jerga política actual se habla de que transitamos en la “cuarta transformación” de la vida nacional. Conviene a la gran mayoría de los mexicanos recurrir a la memoria social e histórica sobre los procesos o hechos que conllevaron a que la revolución, no cumpliera a cabalidad sus ideales y políticas de justicia social. Las distorsiones experimentadas desde la reconstrucción revolucionaria del siglo pasado, cuando las realidades y los marcos jurídicos que le dieron forma a la vida política en todos los niveles del sistema, se caracterizaron por la demagogia y la corrupción.
La memoria social e histórica es ambivalente, tanto prueban algunos momentos de confrontación, como de resistencia y de rectificación encabezados por los diversos sectores sociales, rurales y urbanos. Gracias a ella, se busca consolidar una gobernanza pacífica, donde cohabiten las diferencias de manera racional y la violencia no tenga lugar. A pesar de que persistan las tensiones y asimetrías en los espacios públicos de nuestras localidades, regiones y el orbe, afectados por la violencia, las desigualdades y la migración. Cierto es que, en la transición política actual, se busca la recomposición de la organización socioeconómica y cultural. La justicia y la seguridad social, son de suma importancia para la mayoría.
Hay reclamos y urgencias, porque se resuelvan de manera democrática y pacífica los viejos y nuevos problemas, heredados desde la primera, la segunda y la tercera transformación. De igual modo, hemos sido testigos de que en las últimas décadas se han suscitado mayores tensiones sociales, que conjugan populismos de diversas suertes, nacionalismos desfigurados por supuestas supremacías o por sobrevivencia del neocolonialismo. Autoritarismos gubernamentales cuestionados por su falta de legalidad e intolerancia, que han recurrido al uso de viejas y nuevas formas de cooptación y discriminación.
En cuanto a los esfuerzos por reconstruir la memoria social e histórica de eventos extremos, cargados de violencia y sin razón. Vale la pena hacer referencia sobre algunos procesos históricos, tanto del contexto mundial, como del nacional que ilustran la sobrevivencia de imágenes y representaciones de un pasado inaceptable, el cual se pretende no repetir. Así en los últimos años, han aumentado significativamente el número y el tipo de “comisiones de la verdad” en todo el mundo. Desde el establecimiento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, en 1995; la idea de una investigación no judicial de abusos graves cometidos en el pasado; ha captado la atención de nuevos gobiernos y de grupos de la sociedad civil en varios países. En los últimos veinticinco o treinta años, se han creado comisiones de la verdad en más de treinta países. El propósito de las comisiones de la verdad –como dice Priscillia B. Hayner- debe ser, comprender los orígenes del conflicto pasado y los factores que permitieron la perpetración de los abusos, y hacerlo de tal manera, que ello repercuta en favor de las víctimas y que tomen en consideración una amplia gama de perspectivas.
Al mismo tiempo y de manera paralela, proliferaron las propuestas de cambios en los ordenamientos jurídicos promoviendo los principios e instancias que requiere la impartición de la justicia procedimental, que busca a final de cuentas, resarcir a las víctimas de lo padecido cuando se vieron vulnerados su dignidad y derechos humanos, tanto en lo particular como en lo general.
Por ello, México ha hecho suya la necesidad legítima de saldar cuanto antes los agravios que ha padecido su sociedad en determinados sitios de su geografía y, ofendido la dignidad humana de ésta. De esta manera, entendemos las políticas vigentes por esclarecer determinadas situaciones del pasado inmediato, entre ellas, quizá las más significativas son los sucesos que padecieron los normalistas de Ayotzinapa. De los cuales, el actual fiscal de los casos, Omar Gómez Trejo, ha dicho que partirán de las líneas de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y abrirán otras para fincar responsabilidades contra los responsables de distorsionar el proceso de investigación. Señaló que hay una larga lista de funcionarios, entre los que podrían aparecer José Murillo Karam, ex-procurador General de República y el extitular de la Unidad de Investigación Criminal Tomás Cerón.
“Hacer una investigación independiente, objetiva, clara, y que rompa con esa narrativa que se ha venido creando en los años pasados, vamos a empezar desde una base sólida y limpia, donde quitemos todas esas irregularidades que se cometieron en contra de personas que incluso, fueron inculpadas, que es una parte, una continuidad de lo que significa el delito de la desaparición forzada”, afirmó Gómez Trejo. (Diario de Xalapa, 19 de sept, 2019). Ante las nuevas perspectivas para conocer los hechos suscitados en Iguala, Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de su expresidente Luis Raúl González Pérez, reiteró enfáticamente al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, tomar en cuenta las recomendaciones que emitió en su momento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Ayotzinapa, y que, obviamente, no fueron atendidas ni cumplidas por las autoridades anteriores.
Otra muestra de cómo se está enfrentando el pasado de agravios –de manera organizativa y discursiva- en la historia del país; lo relata la prensa cuando cita lo sucedido durante los años de la “guerra sucia”. El periódico La Jornada de fecha 11 de junio del 2019, dio a conocer que, por orden presidencial, la Secretaría de Gobernación abrirá los “sótanos” utilizados durante la “guerra sucia” (1970). Donde se cometieron detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos, informó Alejandro Encinas, Subsecretario de los Derechos Humanos, Población y Migración, de esta dependencia. Durante la inauguración de un Sitio de Memoria en la Colonia Roma de la CDMX. Ubicado en la calle circular de Morelia No. 8, donde se encontraba la cede de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS.) (y cede de la Brigada Blanca). En los sótanos de Tlaxcoaque y del Campo Militar 1, a decir de la Secretaria de Gobernación, se cometieron actos fuera de toda ley para ejercer una guerra de extermino, lo cual ha sido reconocido mediante archivos, testimonios y reportajes. Es un hecho histórico, que el gobierno reconozca este “episodio negro” que aconteció en sus sótanos, por lo cual es imprescindible rescatar los testimonios en aras de no repetirlos, y dignificar la memoria de las víctimas.
Por su parte Ilán Semo, en un artículo titulado: “La Insurrección subterránea”, publicado también en el periódico La Jornada del 5 de octubre, trae a colación a Alicia de los Ríos, quien afirma que la Liga Comunista 23 de Septiembre nació como una red de organizaciones ya existente. Desde el principio, se trataba de un complejo universo de hombres y mujeres jóvenes que declaran legítima y públicamente la guerra, a ese Estado profundo. Un orden subterráneo que mató, torturó y persiguió a miles de activistas, no sólo guerrilleros, en todos los ámbitos de la vida política y social. La guerra sucia fue en México, como lo señala Verónica Oikión, un sinónimo de terrorismo de Estado.
Este nuevo espacio dedicado a la memoria se suma a la ya existente Casa de la Memoria Indómita, que promovió en particular el Comité Eureka, organización encabezada por Rosario Ibarra, que por más de 40 años ha exigido justicia y la presentación de sus familiares sustraídos por las fuerzas del Estado. Entre las señales de cambio que se perciben en la vida política y cultural del país, conviene agregar la decisión del Senado de la República de otorgarle el 23 de octubre próximo pasado, la presea Belisario Domínguez a Rosario Ibarra de Piedra, por su gran lucha social. En cuya trayectoria política se destaca cuando en la época de la “guerra sucia”, se percató de que la desaparición de su hijo, no era un asunto particular, que existían decenas de mujeres en el país que atravesaban por la misma tragedia. Por lo que en 1977 Ibarra de Piedra fundó el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exilados Políticos, conocido como Comité Eureka. “Las doñas”, como se les decía, tomaron las calles y fueron las primeras que en este país lanzaron ese grito tan vigente hoy día: ”¡Vivos se los llevaron, y vivos los queremos!¨. Desde su creación, ha logrado el Comité recuperar con vida a 148 desparecidos de las 500 víctimas aproximadamente. Como se sabe, la galardonada entregó la presea al presidente de la República con el propósito, de que éste la custodie, hasta que sea resuelto de manera satisfactorio para las víctimas, las afrentas de aquellos tiempos, y por supuesto, se recupere la confianza en la justicia.
El uso que se le ha otorgado a la recuperación de la memoria social e histórica, en los dos casos ya mencionados, esperamos sirvan a los interesados lectores de la revista PRAXIS, para dimensionar los retos y pendientes, que al respecto de la justicia social, se tienen en el país, y sobre todo consideren la manera de contribuir, en la medida de lo posible, en la reconstrucción de la memoria social e histórica. Se requieren de otras miradas, testimonios y experiencias, en cada una de nuestras localidades pluriétnicas y plurales, donde se rescaten del olvido, tanto los eventos negativos, como los acontecimientos enaltecedores, que dan identidad.
Recordemos que la historia de bronce, ya no puede nutrir a la conciencia ciudadana, sino que, es la historia crítica la que debe darnos el cemento cohesionador; sabedores, que, en cualquier sitio de la memoria, el comportamiento y las pasiones sociales son contradictorias, paradójicas e inciertas, entre la veracidad y el engaño.
Ricardo Corzo Ramírez con la colaboración de Andrés Aguilar y Portilla
